RD 550/2020 fija límites profundidad por nivel. Ordenador = caja negra. Aseguradora puede denegar cobertura. Centros también implicados si permiten superar límites. Datos ordenador determinan responsabilidad.
Se documentan expedientes sancionadores contra buceadores que realizaron inmersiones a más de 55 metros utilizando Trimix sin el amparo legal correspondiente. El debate toca la frontera entre la libertad individual del buceador y las obligaciones legales según la normativa española. Surge la pregunta de si las agencias certificadoras ofrecen la cobertura jurídica necesaria cuando un buceador es denunciado.
El Real Decreto 550/2020 fija límites de profundidad vinculados al nivel de certificación. Superar esos límites tiene consecuencias legales y económicas: cualquier aseguradora puede denegar la cobertura si los datos del ordenador de buceo acreditan que la inmersión se realizó fuera de los parámetros autorizados. Los centros de buceo también pueden verse implicados si permitieron que un cliente buceara fuera de sus límites. Los datos del ordenador funcionan en la práctica como una caja negra que determina quién asume la responsabilidad.